Es necesario comentar que todos los puestos profesionales deberían ser cubiertos por personas competentes, sin embargo, existe una idea discriminatoria y poca inteligente para el desarrollo y futuro de una nación que indica  que las exigencias deben dividirse entre sector público y privado. Lo más curioso es que esta por escrito, cuya comprobación son los requisitos exigidos por las empresas privadas y las dependencias del gobierno.

Dicho lo anterior, las empresas privadas no contratan – por ejemplo – gerentes con un grupo de asesores, porque se entiende que están en la capacidad de hacer ellos mismos el trabajo asignado,  seguro en algún momento contratarán a consultoras especialistas en determinados temas para resolver situaciones específicas y puntuales con tiempo finito, pero lo curioso es que cuando contratan los gobiernos a funcionarios lo deben hacer con un grupo de asesores permanentes. Esta situación es un acto de corrupción disfrazada? Por supuesto que si.

Contratar a un funcionario sin las competencias adecuadas con dinero del estado es un acto de corrupción, sea por cubrir una plaza prometida a un partido político de turno, pagar un favor, favorecer a un amigo o familiar, etc., peor aún si el paquete incluye asesores bajo las mismas condiciones anteriores, para hacer el trabajo del funcionario, lo cual también es un acto de corrupción disfrazado.

No existe forma en las empresas privadas que los ejecutivos y personal de staff no cumpla objetivos, no genere resultados y entre muchas otras no mantenga un comportamiento personal y profesional de los más altos estándares, incluyendo cumplir con la ley. En contraposición, los funcionarios y asesores del estado no están bajo las mismas reglas de los ejecutivos de la empresa privada, y aporten o no a los resultados los gobiernos les seguirán pagando su salario con el dinero de todos los contribuyentes, entonces, es un riesgo la corrupción disfrazada?

 

Luis Molina

Director Ejecutivo

M&M Security Audit – Consulting Group

www.mymsecurityaudit.com